miércoles, 22 de noviembre de 2017

El Perú huele a caviar podrido


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Al fin se destapó el buzón que cubría las cloacas de la caviarada y salió con toda su fétida pestilencia, flotando en sus aguas negras, lo que ya todos sabíamos desde el principio: que la multimillonaria campaña del NO a la revocatoria de Susana Villarán estaba financiada con plata sucia proveniente de la mafia brasileña, exactamente igual a como se financió la también multimillonaria campaña de Ollanta Humala. Ahora que no vengan a decir que no sabían nada, que están sorprendidos e indignados. ¿Acaso creían que todo era gratis?

La misma mafia que puso a Ollanta Humala en la presidencia fue la que repuso a Susana Villarán en la alcaldía de Lima. No es ninguna novedad. Hasta tuvieron al mismo asesor: el famoso Favre, y al mismo personaje funesto entre bambalinas: Salomón Lerner. La campaña por el NO a la revocatoria fue la más escandalosa de la historia. Nunca se utilizaron tantos paneles publicitarios, ni se involucró a tantos personajes con tan sofisticada logística. El copamiento caviar fue total. Además, ya estaban en el poder, tanto a nivel de gobierno nacional como del municipal. Por eso pudieron hacer lo que les vino en gana.

A tanto llegó el poder de la caviarada que fue cuando iniciaron la compra de medios de prensa sin rubor. Su primer golpe fue sacar a Aldo Mariátegui de la dirección de Correo sin dar ninguna explicación. Luego empezó a crecer el presupuesto de publicidad estatal en medios a niveles de espanto. De alguna curiosa y extraña manera, una multitud de artistas caviares y pituprogres aburguesados se unió a la campaña a favor de Susana Villarán, creando adhesiones importantes en los jóvenes. Ahora nos preguntamos si todo ese entusiasmo fue gratuito. 

Claro que siempre hay tontos útiles. La principal de todas fue sin duda Lourdes Flores, quien no tardó en posar junto a la alcaldesa con los brazos cruzados. Todos los colectores de izquierda vomitaron a sus personajes estelares para sumarse a la campaña por el NO, empezando por los perturbados mentales de los nakos y las oenegés pro terrucas. Las marchas, camisetas, canciones y lemas que se corearon estuvieron bien aceitados con dinero de la mafia brasilera, la misma que en esos mismos días se aseguraba las más grandes concesiones de la ciudad, empezando por meterse los peajes al bolsillo por treinta años.

Si alguien creyó que tan tremenda campaña era gratuita, pecó de idiota. Ahora resulta que quienes repiten a cada rato que es imposible que Fujimori no supiera nada de lo que hacía Montesinos, han salido a decir que no sabían nada de lo que hacía Susana Villarán. Incluso esta ha salido a decir que ella no sabía nada de lo que negociaba Favre o Salomón Lerner. Ahora resulta que nadie sabía lo que pasaba ni de dónde salían los millones. Ahora todos se hacen los cojudos.

Lo bueno de todo esto es que se les ha caído la máscara a estos farsantes que siempre se presentaban como los incorruptibles, como los defensores de la moral, los luchadores contra la corrupción, los que vivían señalando con su dedo acusador al fujimorismo, los perseguidores que metían preso a todos y luego investigaban. Esos son los que ahora están señalados como corruptos. Si, señores: los progres, caviares y rojimios son unos corruptos. La única diferencia es que mientras Montesinos se compraba políticos por 50 mil dólares, los brasileños se compraban caviares por millones de dólares.

Esperemos que la Fiscalía sea tan presurosa y diligente para investigar a Susana Villarán y a toda su gavilla de corruptos, como lo es para investigar a Keiko. La gran diferencia con Keiko es que ella nunca fue funcionaria pública pero Villarán sí. Otra diferencia con Keiko es que no existen indicios claros y directos de aportes a su campaña, como si lo hay en el caso de Villarán. Ya es hora de que los caviares dejen de ser intocables. Queremos ver si en este país hay justicia o solo vendetta contra unos y agüita tibia para otros.

sábado, 18 de noviembre de 2017

La mermelada debe terminar definitivamente


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Al fin tenemos un proyecto de ley dirigido al propio Estado y no a la sociedad, como es ya costumbre de nuestros políticos. El proyecto de ley presentado por Mauricio Múlder que pretende prohibir la publicidad del Estado en medios privados, es una gran novedad legislativa que puede tener un gran impacto en nuestra realidad sociopolítca. 

Desde luego que estamos completamente a favor del proyecto de Mulder. Es bueno desde todo punto de vista. En primer lugar es bueno porque evita despilfarrar fondos públicos es publicidad. ¿Para qué necesita publicidad el Estado? Ese es el primer punto a debatir. 

La publicidad está destinada a promover el consumo y dar a conocer algún nuevo producto o servicio con los mismos fines de consumo. En tal sentido, no hace ninguna falta que el Estado haga publicidad pues no vende nada y sus servicios son obligatorios y monopólícos, como es el caso las licencias y documentos, o son alternativas voluntarias, como en la salud y educación. No tiene pues sentido que el Estado haga publicidad. 

Es inmoral gastar el dinero de los contribuyentes en una publicidad insulsa destinada únicamente a recordarle a la gente que tal Ministerio existe. Todos hemos sido testigos de la ociosa publicidad estatal que se oye en las radios, destinada a recordarnos que existe un Ministerio de la Mujer o del Ambiente, por ejemplo, pues no hay otra forma de que la población se entere.

Pero más allá de la inmoralidad del gasto insulso de fondos públicos, está la abierta manipulación de la prensa a través de la compra de sus favores mediante la publicidad estatal. Es un hecho notorio que varias dependencias del Estado se han dedicado a repartirle dinero a manos llenas a los medios de comunicación para favorecer determinadas políticas. Tal fue el caso del Ministerio de Educación durante la gestión del maravilloso Jaime Saavedra. 

La compra de medios por parte del Estado a través de la publicidad, se ha convertido en los últimos gobiernos en una práctica mafiosa. Especialmente durante el gobierno de Ollanta Humala. Hoy la publicidad del Estado es una parte importante de los ingresos de los medios de prensa, tan venidos a menos por la aparición de la Internet, pero fundamentalmente por la penosa mediocridad en la que han caído todos, en particular el decano de la prensa peruana. Es sabido que medios como La República solo viven de la publicidad del Estado y poco más. 

En consecuencia, es momento de ponerle fin a la publicidad del Estado, no solo porque no la necesita sino porque es el vehículo perfecto de la corrupción. Los gobiernos se siente blindados por la prensa gracias al chantaje de su publicidad. Los ministros pueden disfrutar de fama y despertar cariño popular gracias a la publicidad con que riegan a los medios de prensa y a ciertos periodistas. Esto no puede seguir siendo parte del escenario político. Debe terminar.

Pero hay que dar la batalla porque los medios mafiosos no se quedarán callados. La República ya salió a engañar con falsos titulares que hablan de "atentado a la libertad de prensa". Hay que poner las cosas en claro. Este proyecto de ley no es una "ley de medios" como la están llamado mañosamente en la prensa mermelera. Es una ley de publicidad estatal. No restringe ninguna libertad, ni de prensa ni de expresión. Los medios pueden seguir publicando la misma basura de siempre, pero ya no lo harán financiados por dinero público. Esa será toda la diferencia. Así que su libertad de prensa y de expresión están garantizadas.

El Estado, como cualquier otro anunciante, es libre y tiene todo el derecho de determinar dónde y cómo coloca su publicidad, si es que la necesita. Si el Estado decide usar solo globos aerostáticos y paneles en las carreteras, nadie le puede reclamar. Es ridículo, desde todo punto de vista, que los medios salgan a llorar porque el Estado ya no les da su mermelada. Es penoso, además.

Lo mejor que le puede ocurrir al país es que al cortar la mermelada que el Estado les reparte a los medios en forma de publicidad, estos van a tener que ponerse a trabajar de verdad, tendrán que hacer verdadero periodismo y competir para ganarse el favor de la gente y de sus anunciantes. Por otro lado, el Estado ahorrará varios millones que pueden ser más útiles en la compra de medicamentos y equipos para los hospitales.

En resumen, aplaudimos el proyecto de ley de publicidad estatal presentado por Mauricio Múlder y esperamos que la bancada mayoritaria le de todo su apoyo. Es positivo para el país desde todo punto de vista.

El Perú en manos de la mafia del siglo XXI


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La corrupción y la mafia tienen muchas formas. En los últimos 16 años el Perú cayó en la más sofisticada mafia de su historia, con las más variadas formas de corrupción. Se ha consolidado un modelo perfecto, que combina no solo el poder político sino que tiene su propia ideología y programa de acción. Por eso se hace tan difícil de combatir: se ha mimetizado en el Estado y hasta en la mente de los ciudadanos. Es decir, los corruptos nos roban mientras nos hacen creer que luchan contra la corrupción.

El inicio de la podredumbre fue el derrumbe de los partidos políticos y el surgimiento de una nueva clase dirigente compuesta de puros saltimbanquis, improvisados y trepadores sin escrúpulos, que ambicionaban el poder y la gloria para sí mismos. No tenían nadie a quien responder, carecían de estructura partidaria. El partido fue cambiado por un club de amigos o algo peor que eso: un clan de chupamedias.

El primer espécimen de este tipo fue Alberto Fujimori. Nunca quiso tener un partido y su única doctrina fue luchar contra el terrorismo. El mayor problema para Alberto Fujimori fue que al remediar rápidamente el desastre económico del país y derrotar al terrorismo, se quedó sin excusas para continuar en el poder. Si la gente siguió votando por él fue porque además de gratitud carecían de alternativas más seguras. Hasta allí solo quedaba una competencia entre personas. Y en esa competencia Fujimori arrasaba electoralmente. La corrupción de su régimen estaba orientada básicamente a mantenerse en el poder, no en enriquecerse. El Estado no estaba rebosante de recursos, como sí lo estaría en el nuevo milenio.

Tras la caída de Fujimori, emerge un nuevo escenario. Ya no había que luchar contra la inflación ni contra el terrorismo. ¿Cuál sería el fantasma al que habría que combatir? ¿A qué enemigo tendrían que enfrentar los políticos del nuevo milenio para motivar el apoyo del pueblo? Allí es cuando a Alejandro Toledo se le ocurrió que el nuevo enemigo sería el fujimorismo y que la nueva doctrina política sería el antifujimorismo. Ahora la tarea política se reducía a mantener la economía en piloto automático y luchar contra el fujimorismo. Eso era todo. Pan comido. La fórmula funcionó mejor cuando el Estado empezó a llenarse de recursos con el alza de los minerales. 

Toledo convirtió la política en un circo permanente con la captura de fujimoristas como una limpieza étnica; luego el juicio a Fujimori se transmitió como una gesta patriótica. La CVR oficializó el antifujimorismo como doctrina, la izquierda creó el circo callejero antifujimorista y luego usaron las redes sociales con éxito para regar su basura antifujimorista a los jóvenes. La arremetida fue total y una nueva realidad se instaló.

Mientras tanto, la mafia caviar se estableció con todo su poder extendiendo sus tentáculos a lo amplio del Estado. La crisis de partidos se consolidó con una de las más absurdas reformas electorales que le abrió las puertas a las mafias locales a lo largo y ancho del país, con el cuento de la descentralización. Mientras tanto la izquierda se extendía por toda Latinoamérica, desde Cuba y Venezuela hasta Argentina y Uruguay, pasando por el poderoso Brasil. No tardaron en sentar sus bases en el Perú, donde la izquierda ya se había encaramado en el poder. 

Mientras entretenían al pueblo con el circo callejero del antifujimorismo y los mitos de horror sobre los 90, la mafia establecía un nuevo modelo de corrupción en el Perú, más sofisticado y amplio, pues iba desde los megacontratos multimillonarios del Estado en obras que en, muchos casos, carecían de sentido y relevancia, como la carretera Interoceánica, la refinería de Talara o el gasoductor del sur, hasta una nueva modalidad de robo menor a gran escala compuesta por contratos de asesorías, estudios y consultorías. El dinero del Estado era usado para repartirlo entre los amigos del régimen de muchas maneras, incluyendo publicidad en medios de comunicación. 

Lo que hoy apreciamos con tristeza es que los peruanos fueron timados a lo largo de estos 16 años. Mientras les hacían creer que luchaban contra la corrupción montando el circo antifujimorista, en realidad extendían su propia red mafiosa instalando a sus compinches en cargos estratégicos, y utilizando los recursos del Estado para comprar los favores de la prensa y ciertas instituciones. Hoy es obvio que la mafia ha infiltrado instituciones y medios. Es público y notorio el descaro con que estos encubren a ciertos personajes, enredando los procesos y buscando formas de trabar la justicia.

Es hora de reconocer que estamos en manos de la mafia, que la mafia controla los resortes de varias entidades, que dirige medios de prensa y TV, y que no está muy dispuesta a dejarse derrotar. Todavía siguen empleando el show del antifujimorismo con absoluto descaro. No quieren hablar de los actos de corrupción de su propia gente. Se pasan la vida investigando los cocteles de Keiko mientras ocultan bajo siete llaves los fondos que financiaron la millonaria campaña de Susana Villarán, tanto en la revocatoria como en su intento de reelección. De eso no dicen una palabra. 

La “lucha anticorrupción” es un show dirigido básicamente a fustigar a los mismos personajes de siempre, mientras los corruptos del nuevo milenio siguen encubiertos y protegidos, sin ser siquiera mencionados por la prensa, y sin que ningún opinólogo se digne a dedicarles una sola columna. Andan muy entretenidos arrojando humo. Ya ni siquiera quieren ser investigados por el Congreso. En este nuevo escenario, el Congreso ha dejado de ser el primer poder del Estado para ser convertido en enemigo del Estado de derecho. La mafia se resiste a ser cuestionada. Los mismos que ayer montaban comisiones para investigar a sus enemigos, hoy exigen que el Congreso no investigue a la mafia instalada en el Estado.