Buitres al acecho

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

De pronto la progrería en pleno ha iniciado una intensiva campaña de activismo en las redes, para presionar al gobierno a dar una ley que facilite el accionar de las ONGs de DDHH en la ansiada búsqueda de fosas de entierro de la época que llaman "guerra interna". Es un largo anhelo de estos sectores acostumbrados a medrar de las víctimas bajo la forma de asesorías. Tal vez sea demasiado escéptico, pero si hay algo que he aprendido en este mundo es que las acciones bondadosas son las menos de fiar. Así es como se presentan absolutamente todos los farsantes y estafadores.

Lo primero que habría que preguntarse es si las intenciones del progresismo son tan nobles y, como dicen, andan interesados realmente por el dolor de los sobrevivientes, 30 años después de los hechos. Los actos de salvajismo terrorista y contraterrorista que acabaron en fosas comunes se remontan a los años 80, durante los gobiernos de Fernando Belaúnde v2.0 y Alan García v1.0. Mucho tiempo ha corrido desde entonces. Cabría preguntarse si vale la pena remover el pasado. Yo no lo creo. A estas alturas el tiempo debe haber curado las heridas, como siempre ocurre. Volver a abrirlas para darles gusto a estas entidades carroñeras del progresismo me parece cuestionable. 

Lo que yo creo es que estas ONGs quieren la plata. Estamos ad portas de una campaña electoral y la izquierda anda escasa de fuentes de financiamiento. El chavismo está en crisis y sigue empeñando el país a los chinos y rusos, convertidos ya en verdaderos propietarios de Venezuela. La izquierda está en retirada en toda Latinoamérica, salvo en Bolivia que carece de ambiciones imperiales. Así que los progres deben estar pensando dónde conseguir fondos. De pronto han cogidos las sonajas y pitos para ponerse a hacer bulla en las redes. Desde la candidata de los progres Verónika Mendoza hasta la ex senderista Gisela Ortiz, pasando por cuanto progre existe en este país, han empezado a tuitear dulces mensajes de justicia con el HT #REUNE, pidiendo "entierro digno" y otros melosos clichés.

Por supuesto, al progresismo se ha sumado ¡como no! la Defensoría del Pueblo, especie de ONG del Estado que secunda y oficializa todos los actos de la progrería nacional, puesto que no tiene otra cosa mejor que hacer realmente. Mi parecer es que los primeros en ser consultados deberían ser los supuestos interesados, es decir, los sobrevivientes. ¿Realmente quieren ellos remover el pasado para recibir una cajita con huesos supuestamente pertenecientes a su familiar desaparecido hace 30 años o más? Si este fuera el caso y las intenciones de las ONGs progres son realmente nobles, entonces el Estado debería proveerles de un marco legal apropiado para que los interesados y los nobles activistas puedan llegar a un acuerdo, y luego hacer su labor independientemente, es decir, con sus propios fondos. 

Si es así no tengo nada que oponer. Pero si lo que buscan es que el Estado destine millonarios presupuestos para solventar la labor de las ONGs de DDHH en la búsqueda de no se sabe cuántos desaparecidos (la CVR habla de 8 mil pero las ONGs hablan de 19 mil), entonces no se trata más que de un sucio negociado en el que se utiliza a las víctimas, una vez más, para seguir lucrando con el dolor ajeno, mientras se sueltan los más dulces clichés como anzuelos para tontos. Conociendo a la izquierda yo apostaría que se han puesto las pilas para financiar su campaña electoral al 2016.